El objetivo es alcanzar unas islas libres de combustibles fósiles en 2050.
Se trata de una norma pionera en España y en Europa en la lucha contra el cambio climático.
El Parlamento de las Illes Balears ha aprobado recientemente, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de las Illes Balears.
Es una Ley con un contenido puntero en la lucha contra el cambio climático y fija el camino para hacer efectiva la transición hacia las energías limpias. Es una Ley pionera en el ámbito estatal y también europeo, que sitúa a las Illes Balears en la vanguardia, con medidas valientes para hacer posible un cambio de modelo con el horizonte de unas islas 100 % limpias en 2050.
Las medidas y los objetivos que determina la Ley se han pensado a medio y largo plazo y alcanzarlos requiere esfuerzos públicos y privados, así como la implicación de toda la sociedad. El cambio de modelo que supone la aplicación de esta Ley comporta la asunción de las medidas que contiene desde el ámbito público, empresarial, social y particular para que efectivamente sea posible.
Esta Ley es la culminación de un amplio proceso de participación, con más de 2.000 voces implicadas (empresas, entidades sociales, asociaciones y particulares) y aportaciones, durante su tramitación, de los diferentes grupos parlamentarios.
El horizonte que marca la Ley es alcanzar unas Illes Balears libres de combustibles fósiles y con el 100 % de energías renovables en 2050. Para el 2030 las previsiones son disponer de un 35 % de renovables, un 23 % de reducción del consumo energético y una disminución del 40 % de las emisiones contaminantes.
Las medidas principales de la Ley son las siguientes:
Energías renovables
Potenciar el uso generalizado de las energías renovables es uno de los principales objetivos y se concreta en determinadas obligaciones, como la de instalar placas solares en los grandes aparcamientos y en las nuevas edificaciones.
En el caso de los aparcamientos, están obligados a incorporar placas fotovoltaicas los nuevos de más de 1.000 m² y los existentes de más de 1.500 m².
Se tienen que instalar también placas solares en los nuevos edificios de más de 1.000 m² o en aquellos en los que se realice un cambio de uso o reforma integral, con la excepción de si la cubierta es de fibrocemento.
Las edificaciones aisladas solo se podrán suministrar con energías renovables.
Cierre progresivo de las centrales contaminantes, empezando con Es Murterar a partir de 2020
La Ley define un plan de ruta claro que afecta a Es Murterar y también a las centrales de Maó, Eivissa y Formentera.
Movilidad sostenible
El 35 % de las emisiones de CO2 en las Illes Balears proviene del tráfico rodado. Por lo tanto, actuar en la movilidad es clave para mitigar los efectos del cambio climático.
Algunas de las principales acciones que prevé la Ley consisten en disponer de 1.000 puntos de recarga de vehículos eléctricos en 2025 y tener el 100 % del parque móvil descarbonizado en 2050.
Estos objetivos implican una serie de pasos, como:
- Circulación de coches y motos diésel hasta 2025 (excepto los ya existentes en las Illes Balears, que podrán seguir circulando).
- Circulación de coches, motos, furgones y furgonetas contaminantes (incluye gasolina) hasta 2035 (excepto los ya existentes en las Illes Balears)
- Incluir de forma progresiva y obligada vehículos eléctricos o no contaminantes en las empresas de alquiler de vehículos a partir de 2020 (2 % inicial) hasta llegar al 100 % en 2035.
Con respecto a las empresas de alquiler, se introducen sistemas de control sobre la flota para garantizar que se va produciendo este cambio. Así, un mes después de la entrada en vigor de la Ley, estas empresas tendrán que informar a la Administración de la lista de los vehículos que tienen matriculados, de los que son de emisiones cero y de si son contaminantes. Un distintivo identificará la flota de alquiler y si los vehículos son de emisiones cero.
La Ley incorpora también la posibilidad de que los municipios en los que haya áreas en que se superen los valores límite de calidad del aire fijados establezcan restricciones de circulación para los vehículos.
Finalmente, también incorpora la necesidad de fijar, de acuerdo con el Estado, medidas para reducir la contaminación de los barcos, como la declaración de zonas ECA (áreas en las que se establecen límites para las emisiones de gases de los barcos), junto con la definición de los criterios mínimos en materia de emisiones y calidad del aire, que tendrán que cumplir las embarcaciones en las proximidades del territorio de las Illes Balears.
Igualmente —també d’acord amb l’Estat—se tendrán que definir planes de sostenibilidad en relación con las emisiones ligadas al transporte aéreo.
Eficiencia energética
Con medidas como la que establece que todo el alumbrado público tiene que ser de bajo consumo en 2025 u otras como la obligación de las grandes y medianas empresas de calcular y registrar la huella de carbono en 2020, así como en 2025 presentar y ejecutar planes de reducción con objetivos vinculantes.
Finalmente, la Ley crea los organismos públicos que tienen que garantizar y velar para hacer efectiva la transición energética y la coordinación y la aplicación de la estrategia de lucha contra el cambio climático. Entre estos organismos se encuentran el Consejo Balear del Clima, que garantizará la participación permanente de la sociedad civil en la toma de decisiones; el Comité de Expertos, que graduará y adecuará el cumplimiento de objetivos a la situación real de cada momento, y el Instituto Balear de la Energía (IBE).
Este Instituto tendrá, como finalidades básicas, el fomento y la ejecución de actuaciones en materia de eficiencia, de gestión y de ahorro energéticos, y de energías renovables, así como la elaboración de análisis y estudios relacionados con el cambio climático y la transición energética. Las funciones que está previsto que desarrolle el IBE son las siguientes:
- Promover y gestionar sistemas de producción de energía renovable, de almacenaje o de gestión de energía y sistemas de recarga de los vehículos eléctricos en las Illes Balears.
- Crear o participar en sociedades mercantiles para comercializar energía eléctrica en régimen de libre competencia; gestionar la venta de excedentes energéticos de instalaciones de autoconsumo, y participar en la gestión inteligente de la demanda y en otros servicios del sistema eléctrico, todo ello en el ámbito de los edificios y las instalaciones del sector público.
- Proporcionar apoyo técnico a los gestores energéticos y a las unidades de contratación de las diferentes administraciones públicas, como ayuntamientos y consejos insulares.
- Abrir a la participación ciudadana los proyectos energéticos que promueva la entidad, tanto en el diseño como en la financiación.
Acciones del Gobierno de las Illes Balears paralelas a la Ley
Hay que destacar que paralelamente a la aprobación de la Ley, el Gobierno de las Illes Balears ha ido adoptando medidas que preparan a nuestras islas para abordar esta transición energética en condiciones.
Se han destinado más de 8,5 millones de euros en ayudas a empresas, particulares y administraciones locales para la instalación de sistemas de autoconsumo (placas fotovoltaicas, mayoritariamente).
Se ha abierto un concurso dotado con 12 millones de euros para instalar una red de puntos de recarga rápidos y semirrápidos para vehículos eléctricos que permitirá llegar a los 1.000 puntos de recarga si se suman a los ya existentes.
Se han destinado también ayudas para la instalación de puntos de recarga dirigidas a los colectivos de la hostelería, talleres mecánicos y rent a car. A día de hoy, la de las Illes Balears es la comunidad autónoma con más puntos de recarga per cápita.
El contrato de suministro eléctrico para el conjunto de las instalaciones de la Comunidad Autónoma exige el uso exclusivo de energía procedente de fuentes renovables.
El Gobierno de las Illes Balears plantea un plan de cierre de las centrales energéticas contaminantes y ha reclamado desde el inicio de esta legislatura al Gobierno del Estado subastas específicas de energía para las islas, con el objetivo de potenciar la instalación de parques fotovoltaicos. Se han comprometido 40 millones de euros.
La propia Administración de las Illes Balears está dotando progresivamente de sistemas de autoconsumo sus propios edificios, instalaciones y servicios. Se ha pasado en tres años de 520 kW de potencia instalados a 2.388 kW a finales de 2018.
Dentro de las Illes Balears, se ha desarrollado un plan específico para convertir a la isla de Menorca en territorio pionero de la Unión Europea en energías renovables. La estrategia Menorca 2030 implica a la Unión Europea, Gobierno de España, Gobierno de las Illes Balears, Gobierno insular y ayuntamientos con un plan de acción que fija una isla con el 85 % de energía renovable en 2030, avanzándose a los acuerdos internacionales.
