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Baleares tienen un plan 0 emisiones para 2050

El Ejecutivo balear prevé que la ley «pionera» del cambio climático y transición energética de Baleares esté aprobada por el Consell de Govern durante el primer trimestre de 2018, con uno de los retos de este curso político y bajo la premisa de que la sociedad reclama «medidas urgentes y vinculantes».

El conseller de Territorio, Energía y Movilidad, Marc Pons y el director general de Energía y Cambio Climático, Joan Groizard, han dado a conocer recientemente en rueda de prensa los objetivos de la futura ley y los resultados del proceso participativo realizado previamente al inicio de la redacción de la normativa.

Pons ha resaltado que una de las demandas principales por parte de la sociedad es «medidas urgentes y vinculantes en la lucha contra el cambio climático», así como «actuar de forma clara y con consecuencias».

La ley debe ser «transversal», implicar a todos los sectores, con influencia sobre la planificación urbanística y territorial, así como «vinculante» y con capacidad sancionadora.

Para Groizard es indispensable que la futura normativa «no quede en una declaración de intenciones», ya que el cambio climático es un reto que se debe afrontar con urgencia, en lo que coincide el 85 % de los encuestados en el proceso participativo.

Este proceso que ha llevado a cabo la Conselleria, iniciado el verano pasado, ha supuesto más de 2.000 respuestas individuales, con la participación de al menos 35 empresas, entidades y asociaciones, y 15 talleres, mesas y sesiones de trabajo.

Baleares se encuentra a la cola del Estado en la generación de energías renovables (2 %), cuando la media se sitúa en el 40 %, ha recordado Groizard.

El 96 % de las personas y la mayoría de las entidades que han participado en la encuesta consideran adecuado el impulso de una ley para combatir el cambio climático.

La normativa tiene como sectores prioritarios la energía y los transportes, con el objetivo de avanzar hacia un sistema 100 % limpio, combatir el conocido como «impuesto al solo», reducir el consumo energético global, sustituir combustibles y un programa de cierre de centrales térmicas.

Además, blindar Baleares contra las prospecciones de fósiles y contribuir a la eficiencia energética en las viviendas.

Priorizar el transporte público, impulsar planes de movilidad en empresas, avanzar hacia el 100 % de coches eléctricos, en especial de alquiler, y trabajar en las emisiones del transporte aéreo y marítimo son algunas de las iniciativas de la futura ley.

Entre las propuestas surgidas tras la participación ciudadana está la creación de un fondo de carbono que financie e incentive con ayudas la reducción de emisiones y la eficiencia energética en edificios y maquinarias, y la reducción de incentivos a los combustibles fósiles.

Además, se plantea reforzar la educación ambiental y realizar campañas de sensibilización.

Simplificar la burocracia en la tramitación de sistemas de energía renovables y que la administración dé ejemplo en el liderato del cambio con la apuesta del transporte sostenible y eficiencia energética son otras de las propuestas.

En la lucha contra el cambio climático es necesario establecer un calendario de actuaciones relacionado con el convenio de París, de lograr emisiones cero en 2050.

Tras el proceso participativo se redactará la ley, irá a exposición pública y pasará como proyecto de ley al Parlament, que se prevé para el primer trimestre de 2018, tras la aprobación del Consell de Govern.

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